El Gobierno de Rumanía ha dado marcha atrás en su decreto que despenaliza ciertos delitos de corrupción, tras masivas protestas.

“Mañana (domingo) vamos a celebrar una sesión de Gobierno extraordinaria para derogar el decreto”, ha asegurado este sábado el primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, en declaraciones a los medios.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de Bucarest no quiere que la sociedad rumana se divida, por eso, ha añadido, negociará con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo respaldo posible.

“Todos los argumentos no se transmitieron de manera correcta, lo que creó confusión, por lo que el Ministerio y el ministro de Justicia asumen las consecuencias”, ha declarado Grindeanu, del Partido Socialdemócrata de Rumania (PSD).

Este anuncio se ha producido en momentos en que unas 140.000 personas salieron este mismo sábado a las calles, por quinto día consecutivo, ante la sede del Gobierno en la capitalina ciudad de Bucarest para demandar la retirada de esa normativa entre gritos de “ladrones” y “traidores”.

El pasado martes, el Gobierno rumano aprobó por decreto de urgencia la aludida ley que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros.

El decreto también iba acompañado de un indulto a 2700 presos por delitos menores, también por corrupción. En esta línea el Ejecutivo justificó que tal decisión fue tomada por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.

Además de la oposición, el presidente Klaus Iohannis, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea (CE) y países como Alemania y Francia se expresaron oponente a dicha orden. Por su parte, el líder del gobernante PSD, Liviu Dragnea, ya había anunciado horas antes que el Ejecutivo valoraba retirar la normativa.

Uno de los beneficiados de la despenalización era el propio Dragnea, ya que con la nueva normativa no debería responder ante un tribunal por un delito de corrupción valorado en 24.000 euros.

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