Los recortes en el Ejército cerrarán bases en las que el Estado invierte más de 20 millones de euros cada año

EL PLAN DEL ESTADO MAYOR PARA ELIMINAR, HASTA 2025, 20.000 EFECTIVOS CIVILES Y MILITARES, CONLLEVARÍA LA CLAUSURA DE SEIS GRANDES BASES DE LOS TRES EJÉRCITOS

Los recortes en la Administración pública también se notan en los cuarteles. Hace unos meses, el Ministerio de Defensa decidió que los soldados del Ejército de Tierra pagasen la mitad de su rancho, con lo que espera ahorrarse unos 15 millones de euros anuales. Pero esto podría no haber sido más que el preámbulo de un recorte de 20.000 puestos de trabajo en las Fuerzas Armadas, tanto civiles como militares. Así estaría contemplado en un supuesto plan secreto del Estado Mayor, cuyo contenido ha adelantado el diario ‘El País’. Sin embargo, algunos expertos indican que esta reducción de la plantilla haría que se abandonasen bases que sólo en mantenimiento le han costado hasta ahora más de 20 millones de euros anuales al Estado.

De aplicarse esta iniciativa, conocida como ‘Visión 2025’, las Fuerzas Armadas prescindirían de 15.000 efectivos militares y 5.000 trabajadores civiles. De los militares, 10.000 pertenecerían al Ejército de Tierra, y el resto a la Armada y el Ejército del Aire. Todo esto implicaría la disolución de dos brigadas, y, según señala el general de división y director editorial del grupo de consultoría Atenea, Jorge Ortega, el cierre de dos grandes bases de cada uno de los tres ejércitos. El coste de mantener en funcionamiento dichas bases, que podrían incluir hospitales, centros de formación y locales de ocio, equivaldría a un 20% del total del gasto de mantenimiento de las instalaciones del Ministerio de Defensa, que en 2012 ronda los 100 millones.

Por lo tanto, si se abandonasen, y hasta que no se encontrase un modo de hacerlas rentables, se habrían dejado de obtener rendimientos por unas instalaciones en las que se habrían invertido millones de euros, tal y como afirma el presidente de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM), Marcos Pérez. Unas pérdidas que, en opinión de Jorge Ortega, afectarían a su vez a la industria española de defensa, que tiene en las Fuerzas Armadas su principal cliente.

Según Ortega, el Ministerio de Defensa optará por vender las instalaciones que queden en desuso, tal y como se ha hecho ya en varias ocasiones a lo largo de la última década, puesto que las parcelas que ocupan pueden resultar “muy atractivas” para los inversores inmobiliarios.

Jubilaciones anticipadas de oficiales

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha lamentado que el plan se haya dado a conocer a la prensa, y ha señalado que, aunque todavía no son definitivas, sus propuestas son “un elemento de juicio” que se tendrá en cuenta.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas españolas contaban en 2011 con cerca de 130.000 efectivos, de los que 83.000 son personal de tropa y marinería, y el resto, militares de carrera (oficiales y suboficiales), con categoría de funcionarios de los grupos A y B de la Administración.

Ortega señala que la nueva propuesta de recortes se encuentra en la línea de las medidas de reforma de los ejércitos europeos emprendidas en los últimos años en el seno de la OTAN, y que han supuesto que países como Gran Bretaña o Italia hayan disminuido considerablemente las dimensiones de sus fuerzas armadas. Así, en España, el número de soldados y marineros ha pasado de 89.000 a 81.000 entre 2008 y 2012.

Por lo que respecta a los oficiales y suboficiales, Ortega apunta que, si se pretende reducir su cantidad en 5.000 personas, será necesario implantar “un plan de jubilaciones anticipadas” para estos colectivos, cuya media de edad ronda los 35 años. Otras soluciones pasarían por facilitar su paso a la reserva, que cuenta en la actualidad entre 5.500 y 6.000 miembros, o favorecer su incorporación a la empresa privada.

“Criterios subjetivos” para la tropa

No obstante, los más afectados por ‘Visión 2025’ serían 10.000 soldados y marineros. Estos dos grupos ya estaban en la diana de un proyecto de recorte de 40.000 puestos de trabajo que el año pasado habría sido esbozado supuestamente por el entonces vicepresidente del Gobierno y candidato socialista en las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tanto antes como ahora, prescindir de este tipo de efectivos resulta “relativamente fácil”, subraya Francisco Hernández, asesor jurídico de la Asociación Unificada de Militares Profesionales Españoles (AUMPE). Este abogado explica que la Ley de Tropa y Marinería de 2006 especifica una serie de motivos por los que un soldado que no sea militar de carrera –figura que representa aproximadamente el 87% de la tropa– puede perder su categoría de miembro de las Fuerzas Armadas. De este modo, el compromiso de un soldado con el Ejército finaliza cuando cumple los 45 años, pero también por la imposición de sanciones disciplinarias y en caso de delito o “insuficiencia de facultades profesionales o condiciones psicofísicas”.

Para el secretario general de la AUMPE, Igor Aparicio, estos motivos son “tremendamente subjetivos”, sobre todo en lo que se refiere a las facultades profesionales. Destaca que la renovación de los contratos de la tropa dependen en gran parte del resultado de varias evaluaciones desarrolladas por dos o tres superiores. Si los exámenes arrojan resultados desfavorables, un soldado podría perder su puesto. Aparicio resalta que gran parte de la reducción de 6.000 efectivos llevada a cabo en los últimos cuatro años se ha efectuado aplicando este tipo de criterios. Por su parte, Marcos Pérez asegura que la AMTM está dispuesta a adoptar medidas legales contra los recortes.

Personal civil

En cuanto al personal civil, el responsable del Área Nacional de Defensa del sindicato CSIF, José Luis Marzal, indica que los recortes, al igual que en otros departamentos de la Administración, se centrarían sobre todo en el personal laboral y no afectarían especialmente a los funcionarios.

Con todo, Marzal considera que, salvo excepciones puntuales, la aplicación de un plan como ‘Visión 2025’ no sería especialmente problemática, porque la media de edad del personal civil del Ministerio se encuentra entre los 53 y los 54 años. Por lo tanto, la implantación paulatina de estos recortes a lo largo de los próximos 13 años coincidiría con el pase a la edad de jubilación de la mayor parte de los trabajadores. Por el contrario, el cierre de instalaciones sí afectaría a las empresas con las que Defensa ha externalizado servicios como la limpieza, mantenimiento o alimentación.

f:aquí!!

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